Cada cierto tiempo, el amianto salta a los medios de comunicación: residuos contaminantes, denuncias de los sindicatos, indemnizaciones millonarias por enfermedades profesionales… Sin ir más lejos, el mes pasado se celebró en Sevilla un juicio en el que 26 trabajadores de la fábrica de Uralita o sus familiares reclamaron ser indemnizados por las enfermedades laborales derivadas de su exposición al amianto. Sin embargo, poca gente sabe hasta qué punto está presente en nuestra vida ese grupo de minerales. Muchos, incluso, viven rodeados sin saberlo. También conocido como asbesto, durante siglos fue considerado un elemento de gran valor para diversas industrias por su dureza, sus propiedades aislantes y su resistencia al calor, las llamas y la corrosión química. Es abundante en la naturaleza y fácil de extraer. Desde 2002 su comercialización está prohibida por su potencial cancerígeno.
La ‘invisibilidad’ de la mayor parte del amianto se debe a que uno de sus usos más importantes se ha desarrollado en el mundo de la construcción y, en concreto, en piezas y morteros destinados a la estructura de los edificios. De ahí que no pueda verse… hasta que el inmueble en cuestión se reforma o se demuele.
Una investigación realizada en Granada ha encontrado una forma sencilla de localizar dónde está ese amianto ‘invisible’. Adelardo Mora, licenciado en Ciencias Ambientales, realizó ese estudio como proyecto de fin de curso para el Master en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Granada. El origen de su investigación fue un catálogo de la empresa Uralita de los años cincuenta en el que se ofrecía una gran variedad de productos realizados con ese mineral, desde cubiertas y tejados hasta tuberías, canalones, persianas y elementos decorativos. Le llamó la atención que el uso del amianto pasara de ser obligatorio en la legislación de la construcción en los años setenta y ochenta a ser, primero, sospechoso de causar miles de muertes por cáncer y, finalmente, prohibido. El problema es que en ese intervalo se construyeron millones de edificios en España, pero no existe un catálogo de casas ‘envenenadas’.
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